La Estrategia de Vacunación frente al COVID-19 en España, ha sido elaborada por un Grupo de Trabajo Técnico coordinado por el Ministerio de Sanidad, bajo los principios de igualdad, necesidad, equidad y protección de las personas más vulnerables.
La disponibilidad de vacunas es progresiva, por ello el Gobierno ha dividido la estrategia en tres etapas con el objeto de reducir la mortalidad.
Actualmente, nos encontramos en la Etapa I, comprendida entre diciembre de 2020 y marzo de 2021, que establece que las primeras dosis disponibles deberán de ser concedidas a los grupos prioritarios:
- Residentes y personal en centros de mayores.
- Personal sanitario y sociosanitario (primera línea y otros)
- Grandes dependientes no institucionales.
Según se puede apreciar, dentro de los grupos prioritarios, no aparecen los dirigentes y funcionarios públicos.
Aprovecharse del cargo para vacunarse contra el COVID-19
Sin embargo, cada vez se están desvelando más casos de personas que ostentan este cargo y se han aprovechado de su posición para ponerse la vacuna, como, por ejemplo: el consejero de Sanidad de Murcia, la alcaldesa de Molina del Segura, el consejero de Sanidad de Ceuta, el concejal de Sanidad de Orihuela, los acaldes de El Verger y Els Plobets, el acalde de Luesia, etc.
No es de extrañar que muchos de ellos hayan dimitido de sus cargos, después de conocerse que habían recibido la vacuna de modo improcedente. En pocas palabas, este hecho puede subsumirse bajo el delito de malversación, tipificado en el art. 432 y ss. del CP, el cual penaliza las conductas realizadas por autoridades y funcionarios públicos, que, teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, infrinjan excediéndose en su ejercicio, causando un grave daño o entorpeciendo al servicio público.
Finalmente, dados los indicios de criminalidad, las Fiscalías de Ceuta, Murcia y Alicante, se encuentran actualmente investigando tales hechos.
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