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Somos muchos los despachos de abogados que nos estamos encontrando con dificultades a la hora de hacer declaraciones en los Juzgados. De hecho, recientemente uno de nuestros clientes se ha visto afectado por el deficiente servicio de la Administración de Justicia a la hora de tener que prestar declaración en uno de los Juzgados de España.

Nuestro cliente, que este mes tenía señalada una comparecencia presencial para realizar unas declaraciones ante un Juzgado de Galicia, se ha visto en la tesitura de no saber cómo actuar ante la falta absoluta de atención por parte del Juzgado a sus requerimientos.

Tras más de un mes y medio intentando que el Juzgado acuerde mediante resolución que la declaración se lleve a cabo a través de una videoconferencia, aún no hemos recibido ningún tipo de respuesta.  Se ha presentado el requerimiento de declaración vía Lexnet hace más de un mes y se ha intentado contactar telefónicamente con el Juzgado para obtener una resolución. No obstante, no hubo respuesta ni el día anterior al señalamiento, cosa que a estas alturas es inadmisible.

Los Juzgados de toda España cuentan con los medios telemáticos adecuados para que se realicen juicios a diarios entre partes que viven en partidos judiciales diferentes, no obstante resulta que para unas declaraciones hay que comparecer personalmente y desplazarte en plena pandemia, más de 500 kilómetros.  ¿Cómo se puede catalogar?

Estamos en una época en la que no está recomendado viajar y que, además, se ha sufrido uno de los peores temporales en los últimos 50 años. 

A esto hay que sumarle el hecho de que la mayoría de los funcionarios se encuentran teletrabajando y estando los Juzgados trabajando con bajos mínimos de personal de forma presencial, dificulta en exceso la correcta tramitación de los procedimientos. 

Llegados a este punto nos hacemos una pregunta: ¿por qué los funcionarios están protegidos y pueden teletrabajar mientras que las partes y los profesionales tienen que desplazarse cientos de kilómetros en pleno auge de la pandemia para prestar una declaración que perfectamente se puede hacer mediante videoconferencia?

¿Qué hacen los juzgados antes esta situación?

Como ya hemos podido comprobar en nuestro despacho, los juzgados no hacen nada. Esto se debe, en gran parte, a la falta de personal en los mismos y, por otra parte, al hecho de que muchos de los funcionarios se encuentran teletrabajando y no llegan a contestar a todas las llamadas que reciben diariamente.

Pero las dilaciones indebidas, que descansan sobre el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, no pueden encontrar ningún tipo de excusa solo en la falta de medios -humanos y/o materiales- como acertadamente tiene dicho el Tribunal Constitucional (Pleno nº54/2014 de 10 de abril de 2.014). Y es que, una deficitaria estructura del sistema judicial trae causa de paralizaciones y retrasos injustificados en la actividad jurisdiccional. 

Y cabe recordar que las deficiencias estructurales no eximen al Estado de responsabilidad, precisamente porque ninguna persona tiene el deber jurídico de soportar dilaciones indebidas en el seno de un proceso judicial.

Desde el punto de vista del despacho, los juzgados no se hacen responsables de su mal funcionamiento y de los casos que se retrasan cada vez más y son cada vez menos eficientes, causando a las partes intervinientes grandes indefensiones.

Y, cabe destacar, que los que al final pagan el mal funcionamiento de la Administración de Justicia somos los profesionales del sector y las partes sin que se pueda adoptar medida alguna por el deficiente servicio de los Juzgados.

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