fbpx
Calle Doctor Castelo,44, Madrid
 

+34 911 78 10 73

EL TRIBUNAL SUPREMO CONDENA POR SEDICIÓN A NUEVE LÍDERES DEL PROCESO SECESIONISTA DE CATALUÑA

TRIBUNAL SUPREMO, SALA DE LO PENAL, SENTENCIA 14 OCTUBRE 2019

La celebración de referéndum para proclamar la República independiente de Cataluña, pese a su expresa prohibición, y la ulterior declaración de una inviable independencia, culminaron un proceso que colmó el tipo penal previsto de la sedición.

Tribunal Supremo, Sala de lo Penal, Sentencia 459/2019, 14 Oct. Recurso 20907/2017

El Tribunal Supremo condena por delito de sedición del art. 544 y 545.1 CP, en concurso medial con malversación de fondos públicos, del art. 432 CP, imponiendo las penas de entre 9 años y 13 años de prisión. Otros tres procesados son condenados a pena de multa por un delito de desobediencia.

Inicio de los hechos

Los hechos se inician a raíz de la aprobación de varias normas autonómicas para proclamar la República independiente de Cataluña, una aparente cobertura jurídica que permitiera hacer creer a la ciudadanía que cuando depositara su voto estaría contribuyendo al acto fundacional de la República, y con un reparto funcional entre los acusados. Necesitando además lograr la movilización de miles de ciudadanos y lograr una participación relevante en la consulta presentada como la expresión del «derecho a decidir», se sumaron al concierto otros acusados, líderes de organizaciones ciudadanas que fueron puestas por sus dirigentes al servicio de la maniobra de presión política.

Celebrado el 1 de octubre de 2017 el referéndum, el presidente de la Generalitat manifestó que acataba el mandato del pueblo de Cataluña para convertirla en un Estado independiente en forma de república. Los ciudadanos actuaron movidos por los llamamientos hechos por los acusados que desoyeron el pronunciamiento del Tribunal Constitucional que había declarado ilícita la convocatoria y prohibido cualquier actuación que trajera causa en ella. Los gastos del referéndum fueron a cargo del peculio público suponiendo una consciente y voluntaria desviación de un destino lícito de fondos públicos.

Descartado el delito de rebelión

El Supremo descarta el delito de rebelión, del art. 472 CP, porque aun siendo innegable que existió violencia, no fue una violencia preordenada de forma directa, sino disimulada. El método utilizado fue configurado para doblegar políticamente la voluntad del Gobierno de España a través de una iniciativa referendaria de patente ilegalidad, que si bien hacía objetivamente previsible una altísima probabilidad de que se produjeran incidentes violentos, no alcanza a hacer objetivamente imputable a los acusados el delito de rebelión.

La celebración de referéndum, pese a su expresa prohibición, y la ulterior declaración de una inviable independencia, culminaron un proceso que colmó el tipo penal previsto de la sedición.

Delito de desobediencia para tres de los acusados

A tres de los acusados se les imputa un delito de desobediencia del art. 410 CP por desatención a los requerimientos recibidos del Tribunal Constitucional cuando, en su calidad de miembros del Govern fueron apercibidos, una y otra vez, para que se abstuvieran de ejecutar actos de apoyo o materialización de resoluciones y acuerdos parlamentarios que previamente habían sido suspendidos en su eficacia por el propio Tribunal Constitucional.

Uno de los puntos fuertes de la sentencia, es el alcance del “derecho a decidir”. No existe un derecho a decidir, ejercitable fuera de los límites jurídicos definidos por la propia sociedad. Cuando lo que se decide, quién lo decide y cómo se decide se construye mediante un conglomerado normativo que dinamita las bases constitucionales del sistema, se entra de lleno en el derecho penal. No es admisible el “derecho a decidir” como termómetro de medición de la calidad democrática de una sociedad, apunta la Sala.

Descarta también la Sala como causa excluyente de la antijuridicidad el ejercicio legítimo de otros derechos constitucionales, tales como el derecho a la libertad de expresión, derecho de reunión, libertad ideológica, derecho a la representación política o el derecho de asociación.

Falta de legitimación de la acción popular

Explica la Sala que la falta de legitimación de la acción popular para instar un pronunciamiento de responsabilidad civil es consecuencia de su propio significado procesal. No vinculada al perjuicio ocasionado por el delito, la jurisprudencia niega capacidad para promover el ejercicio de la acción civil porque lo único que es público es el ejercicio de la acción penal, no el de la acción civil.

FELDMANS & MURDOCK ATTORNEYS IN LAW, S.L,

 
Calle Doctor Castelo, 44
Madrid
 
Teléfono: +34 911 78 10 73

71 Des Voeux Road Central, Hong Kong

Contacto