Las fuentes públicas indican que este acuerdo tiene como objetivo “dar apoyo a las mujeres víctimas de violencia de género, en lo que se refiere a la llamada violencia económica”.

Este nuevo convenio pretende dar apoyo a aquellas mujeres que tienen dependencia económica de su pareja. Y la forma de ayudarlas es a través de la concesión del servicio gratuito de los detectives adscritos al Colegio Oficial de Detectives Privados de la Comunidad Valenciana, para que éstos se encarguen de averiguar cuál es el patrimonio del presunto agresor.

Aquí también intervienen Los agentes de la Unidad Gama de la Policía Local de Valencia, siendo su función la selección de las mujeres víctimas de violencia de género que se vayan a beneficiar de tales de servicios.

En primer lugar, La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, garantiza a las mujeres derecho a la información, asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita a toda mujer que la solicite.En segundo lugar, La Ley de Enjuiciamiento Criminal, en su artículo 989, establece que, a efectos de juzgar la responsabilidad civil del delito, el Letrado de la Administración de Justicia podrá encomendar a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, las actuaciones de investigación patrimonial necesarias para poner de manifiesto las rentas, el patrimonio presente y los que vaya adquiriendo el condenado.

Parece lógico entender, que las Administraciones Públicas son los entes que más información tienen de nosotros, tanto personal como patrimonial. Además, que el Juzgado que se encarga de la averiguación patrimonial, es el mismo que ejecuta y hace ejecutar lo juzgado.

Conclusiones sobre el convenio para ayudar a las víctimas de violencia de género

Como conclusión, se ha de manifestar que si las mujeres ya tienen el beneficio a la justicia gratuita solamente con que se declaren víctimas de violencia de género. Y, por ende, acceso a la situación patrimonial del presunto agresor. ¿Qué beneficio reporta el acuerdo mencionado anteriormente?

A la única conclusión a la que podemos llegar, es que se trata de una medida sufragada por la partida de gasto presupuestario asignada a la violencia de género. Cuyo destino final es desconocido, puesto que únicamente el 5% de las dotaciones asignadas a este fin acaba en manos de las víctimas.